El alcalde, Julio Millán, y la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, han firmado hoy en la sede de la Consejería, en Sevilla, la extinción del antiguo convenio del tranvía jiennense de 2008, paso previo a la rúbrica del nuevo texto, en el que se recoge que el proyecto se retomará aportando la Junta de Andalucía un 75% y el Consistorio un 25%. De esta forma, el nuevo convenio entrará en vigor antes de que acabe este mes de junio y la Agencia de Obra Pública empezará la licitación del contrato para la puesta a punto de los trenes.

Además, la comisión de seguimiento del convenio del tranvía también se ha reunido hoy para la consumación del anterior acuerdo. Al encuentro han asistido, además del alcalde, y la consejera, la primera teniente de Alcalde y concejala de de Presidencia, África Colomo, la concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Jaén, María Orozco, y el concejal de Contratación, Servicios Públicos y Proyectos Municipales, Francisco Lechuga. Por parte de la Junta, el viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Mario Muñoz Atanet; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Maribel Lozano; el director general de Movilidad, Felipe Arias; el director gerente de la Agencia Obra Pública, Julio Caballero, y el delegado territorial en Jaén de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Jesús Estrella.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha señalado que esta firma y la del nuevo convenio que se rubrica en los próximos días, «abre las puertas de la ciudad al tranvía». El regidor ha señalado que el Ayuntamiento asume los 6 millones de euros del coste de los vagones, un compromiso adquirido con anterioridad, y añade casi 4 millones más de euros que se abonarán a la Junta en 10 años y 2 de carencia por la licitación para la puesta a punto de los trenes, el trazado y la instalación eléctrica del sistema. «Jaén da en cierta forma con este paso la bienvenida al tranvía y lo hacemos después de un gran trabajo técnico de las dos instituciones, con una colaboración a todos los niveles que pone por fin a la ciudad y su gente por delante de cualquier otra consideración porque es bueno para nuestra economía, para la movilidad y para la conexión de servicios y zonas productivas», sostiene.

Marifrán Carazo ha destacado que la voluntad de la Junta es «indiscutible y firme», de ahí que se haya accedido a financiarlo en un 75 por ciento y se haya aceptado el aplazamiento de la deuda propuesto también por el Ayuntamiento de diez años con dos de carencia, lo que significa que los jiennenses no tendrán que empezar a pagar esos casi siete millones que debe el Consistorio antes de 2023. «La extinción del viejo convenio es un paso importante y necesario para desbloquear la situación», ha subrayado la consejera tras recordar que el nuevo convenio, que entrará en vigor antes de que acabe el mes, recoge que la Agencia de Obra Pública de la Junta sea el titular del material móvil, lo que supone un ahorro para las arcas del Ayuntamiento de más de 13 millones de euros. De hecho, entre otros puntos del convenio, se recoge que la Junta de Andalucía pagará el cien por cien del coste pendiente de los vagones en lugar del cero por ciento que le correspondería según el anterior convenio.

Marifrán Carazo ha remarcado que el objetivo es seguir avanzando en la puesta en funcionamiento y poder rentabilizar, desde un punto de vista económico, social y ambiental, la inversión de 120 millones ya ejecutada en esta infraestructura.

Las obras empezaron en 2009 y, dos años después, en 2011, el tranvía incluso funcionó en pruebas, pero su puesta en marcha definitiva se vio frustrada. Una vez firmada la extinción del convenio de 2008 y se selle el nuevo acuerdo, la Junta sacará a concurso la puesta a punto del material móvil y, posteriormente, de las infraestructuras. La Agencia de Obra Pública tiene muy avanzados los pliegos de la primera licitación. Asimismo, para la puesta en marcha del tranvía es necesaria la licitación y adjudicación de una serie de contratos: de infraestructuras y catenarias, sistemas de comunicaciones, suministro de energía, explotación, limpieza y vigilancia y seguridad, así como la formación de los conductores y las pruebas antes de su puesta en servicio.